Delegado Urquieta por proyecto de ley para subir las pensiones: “Los adultos mayores no pueden seguir esperando”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este lunes un proyecto de reforma de pensiones para mejorar los ingresos de los jubilados, en especial, de las mujeres y de la clase media.

La iniciativa aumenta la cobertura de la Pensión Básica Solidaria del 60% al 80% más vulnerable y el monto de la pensión mínima a $178 mil para que quede por encima de la línea de la pobreza. Estas modificaciones beneficiarán a más de 500 mil pensionados en el país, cubriendo así cerca de 2 millones de personas beneficiadas por el sistema.

Por ejemplo: Una persona que no tenía pensión autofinanciada y estaba entre el 60% y 80% más vulnerable no recibía Pensión Básica Solidaria. Con estas modificaciones, tendría una Pensión Básica Solidaria de $178 mil mensuales. Asimismo, una persona con una pensión autofinanciada de $100 mil ahora comenzará a recibir $141.693 adicionales por Aporte Previsional Solidario (APS), alcanzando una pensión total de $241.693.

Al respecto, el Delegado Presidencial Regional, Patricio Urquieta, dijo que “Nuestro Gobierno quiere mejorar las pensiones ahora, y por eso el Presidente Piñera envió al Congreso el proyecto de ley con discusión inmediata, que aumenta las pensiones de los adultos mayores más vulnerables, porque ellos no pueden seguir esperando. Y esta iniciativa de nuestro gobierno que aumenta las pensiones, además protege su estabilidad en el tiempo, sin comprometer las pensiones futuras, garantizando que ningún adulto mayor quede por debajo de la línea de la pobreza”.

El proyecto establece un seguro de lagunas para los cesantes para proteger a quienes no cotizan en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), y ya están cubiertos por ley, con cargo a dicho fondo. Las personas que no están cubiertas por el FCS y que estén desempleadas tendrán asegurada su cotización previsional y su seguro de invalidez y sobrevivencia con cargo a ese fondo. Esto permite proteger a parte importante de la población desempleada, quienes hoy no reciben apoyo para cotizar ni acceder a los seguros antes mencionados.

Este beneficio alcanza en mayor medida a las personas de ingresos más bajos, quienes tienen mayores períodos de cesantía.

El costo de estas medidas es de alrededor de US$ 1.100 millones, equivalentes a un 0,33% del PIB, que será financiado con la eliminación y/o restricción de exenciones tributarias vigentes.